600.000 castellanos y leoneses viven ya en el umbral de la pobreza y la mitad, 300.000, necesitan con urgencia algún tipo de prestación para subsistir. Las cifras las ofrecieron ayer UGT y CC. OO., que comparecieron ante los medios de comunicación para dar la alarma sobre los imparables efectos de la crisis económica.

Las centrales sindicales hicieron públicos los criterios que han de configurar la futura renta garantizada de ciudadanía, recogida en el reformado Estatuto de Autonomía y que, en su opinión, ha de desarrollarse en el marco de la Mesa del Diálogo Social y no, como también se está haciendo, en el Pacto anticrisis que negocian PP y PSOE. La cuantía mínima de esa renta básica la han establecido en 580 euros por persona y mes, por encima de los 527,24 euros del IPREM (Indicador de Rentas Múltiples) y por debajo de los 624 euros fijados para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esa cantidad diferirá para cada perceptor en función de su situación económica y familiar. El colectivo en exclusión social percibirá íntegro el subsidio, así como quienes no cobren ninguna ayuda tras haber agotado la prestación por desempleo. Las personas que cobren pensiones no contributivas (ancianos e inválidos) podrán beneficiarse de una cuantía parcial, hasta alcanzar esos 580 euros. El importe que perciban también estará condicionado por la situación del resto de miembros de la familia y por su patrimonio.

Acuden a las iglesias

Los sindicatos, que hoy llevarán su propuesta a reunión que celebra la Mesa de Cohesión Social y Nuevos Derechos, en la que participan empresarios y administración, creen que las ayudas deben continuar mientras persista «esa situación de necesidad», según explicó la secretaria de Políticas Sociales de CC. OO., Bernarda García. Su compañero de sindicato, Vicente Andrés, se atrevió a sugerir que si las arcas públicas no pueden sostener estas prestaciones la administración podría recurrir a la creación de un nuevo impuesto o a la recuperación del relativo a patrimonio, donaciones y actos jurídicos documentados. Óscar Lobo, secretario de Política Institucional de UGT, dejó claro el objetivo: «No puede ser que muchos ciudadanos vayan a escondidas a las parroquias o a las oenegés a pedir ayuda», porque la «realidad es ésa» y tampoco vamos a permitir que la crisis «la paguen sólo los trabajadores». Añadió Lobo que Castilla y León se sitúa «a la cabeza» de las comunidades autónomas con «peor» tasa de prestación social.