Las Fuerzas de Seguridad del Estado acreditan en los informes entregados a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado la celebración el 23 de abril, durante la fiesta de Villalar de los Comuneros, en Valladolid, de una reunión entre miembros de la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) y representantes de partidos ilegalizados de la izquierda abertzale, en concreto representantes de Batasuna, informaron fuentes de la investigación. La abogada Doris Benegas, representante de Izquierda Castellana y residente en Valladolid, ocupa la segunda plaza de la candidatura.
A la vista de la documentación recabada, la Fiscalía General considera que IISP «se encuentra controlada e infiltrada por Batasuna» y solicitará al Tribunal Supremo la impugnación de esta lista. Entre el material probatorio se destaca que entre los representantes nombrados por IISP, se haya encontrado que diez mantienen relaciones con la izquierda abertzale.
Dos de los representantes en provincias vascas fueron promotores de D3M. Resalta el cabeza de lista, Alfonso Sastre, quien ha figurado en listas de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok y fue candidato como senador de ANV. La demanda aludirá a Doris Benegas, de quien se señala «una relación muy estrecha con diversos partidos ya ilegalizados».
Cambio de opinión
El Gobierno y la Fiscalía General del Estado impugnarán hoy ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo la candidatura a fin de evitar que concurra a las elecciones europeas del próximo 7 de junio. La Abogacía del Estado y el Ministerio Público, en un principio reacios a actuar contra la lista, han cambiado de opinión tras recibir en las últimas 48 horas informes de Policía y Guardia Civil que apuntan que esta coalición, en apariencia independiente, puede haberse convertido en una «sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna».
El Ministerio de Justicia aseguró ayer que las «pruebas» para defender la anulación son «suficientes», pero los responsables de la Fiscalía y del Gobierno son conscientes de que no será fácil conseguir que el Supremo saque de las elecciones a II, una coalición de partidos legales desde hace años y liderada por grupos nacionalistas castellanos.
Esta fórmula de «suma partidos», reconocieron responsables del Ministerio Público, «complica» una posible impugnación ya que esta variante no figura como tal en la Ley de Partidos. La Fiscalía destaca que las estrategias de la izquierda 'abertzale' por tratar de concurrir a los comicios son cada vez más «sofisticadas»: primero fueron partidos, luego agrupaciones electorales y a ahora coaliciones sin conexiones evidentes.
La Comisaría General de Información de la Policía y la Jefatura de Información de la Guardia Civil han presentado nuevas pruebas. La primera, que al menos doce concejales de ANV han sido fichados a última hora como avalistas, después de que siete cargos del PSOE de Castilla y León y dos del PP retiraran sus apoyos al conocer que la Fiscalía había ordenado investigar la candidatura.
La lista mantiene los 19 avales de alcaldes y concejales de IU de la provincia de Sevilla pertenecientes al Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), que lidera el parlamentario y alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo.