El empresariado segoviano no considera prioritario abaratar el despido para salir de la crisis, según se desprende de la última encuesta del Observatorio Socioeconómico de Segovia. Esta opinión contrasta con la constante demanda de flexibilidad laboral que se viene realizando desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a la que pertenece la Federación Empresarial Segoviana (FES).
Para el director del Observatorio, Juan Antonio Folgado, esta discrepancia evidencia que las empresas segovianas son mayoritariamente pequeñas y medianas y que "no tienen la misma óptica que el estado mayor de la gran patronal". Pero es que ni siquiera los miembros del panel de expertos, del que forman parte numerosos dirigentes empresariales segovianos, cita entre sus prioridades el abaratamiento del despido, que figura en el duodécimo lugar de un conjunto de dieciséis opciones de respuesta. O sea, en el cuarto por la cola.
En un ejercicio de autocrítica, los empresarios consideran que lo prioritario es su propia formación y la de sus trabajadores, seguido de la obtención de financiación, la agilización en la devolución de los impuestos y su reducción, así como la de las cotizaciones a la Seguridad Social. "Menos la primera medida, todas las demás apuntan a que la auténtica necesidad del empresariado segoviano es la de obtener liquidez, vía crédito o ahorro de costes, para producir mejor y sin necesidad de reducir sus plantillas", resumió el responsable de la encuesta empresarial, el profesor del campus de la Universidad de Valladolid (UVA) Luis Miguel Estirado.
Otras reformas
Folgado interpretó que los empresarios segovianos, antes que un despido barato, reclaman otras reformas: contratos y convenios más flexibles, movilidad geográfica y funcional, combate del absentismo laboral, reducción de las cotizaciones sociales y reforma del sistema de pensiones y de la Seguridad Social.
Las encuestas del Observatorio Socioeconómico, realizadas a empresarios, consumidores y expertos, revelan también que los segovianos tienen claro el origen externo de la crisis económica. De todas las opciones dadas a los ciudadanos de a pie, el 93% citaron como culpable a las dificultades del sistema financiero y un 89% al contexto internacional, centrado en la recesión económica de los Estados Unidos y otros países. En tercer lugar, el 78% señala un factor interno: el agotamiento del modelo de desarrollo económico español basado en el consumo y el sector de la construcción.
El papel del Gobierno
La opinión de los consumidores segovianos, cuya encuesta dirige la también profesora de la UVA Nélida Arranz, presenta algunas divergencias respecto de las que expresa el panel de expertos del Observatorio, configurado por dirigentes de instituciones publicas, y organizaciones y entidades económicas y sociales de la provincia. Estos, los expertos, también consideran que el detonante de la situación radica en el sistema financiero internacional (80%), si bien, y con el mismo porcentaje de respuestas, citan el retraso y la insuficiencia de las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno español. El agotamiento del modelo de desarrollo económico de nuestro país lo comparten el 60%, un 18% menos que entre los consumidores.
Los segovianos de a pié, según la encuesta realizada a 350 personas (el 60% residentes en la capital y el 40% en la provincia) consideran insuficiente el apoyo crediticio a empresas y familias (76%), que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero actuó con retraso y cortedad (75%) y que la economía española está fragmentada en mercados regionales (51%).
Para salir de la crisis apuestan, por este orden, por la creación de infraestructuras de transporte, comunicaciones y suelo industrial; el apoyo a la financiación de las empresas; el impulso a la investigación y el desarrollo; la flexibilidad del mercado de trabajo, y la formación continua de empresarios y trabajadores. En cuanto a las medidas a adoptar por las propias empresas, los consumidores creen que deben buscar nuevos mercados, ofrecer productos innovadores y de calidad, mejorar la producción y las prestaciones de servicio, controlar mejor sus costes y aumentar su tamaño.
Reformas de competencia
Los empresarios introducen una batería de reformas en materia de competencia como servicios de verificación, certificación y calidad de productos; ampliación de las normas de información a los clientes; eliminación de barreras de competencia interior y una normativa favorable a la innovación.
Respecto a lo que ellos deben hacer, invierten los factores citados por los consumidores, y sitúan en primer lugar la mejora de la producción, seguida de una diferenciación innovadora y de calidad y la búsqueda de nuevos mercados.
Es el panel de expertos del Observatorio, integrado por 45 personas, el que apunta hacia cuestiones en materia de competencia no citadas por los empresarios y reclaman el fin del oligopolio existente en materia de comunicaciones y de energía, como forma de abaratar sus costes. También son los únicos que entre las reformas más necesarias en materia de política económica citan, y en primer lugar, la reducción de la dependencia energética. Como segunda prioridad abogan por la reforma del sistema educativo y hacen referencia a la del sistema judicial, incluso por encima de la reducción de los impuestos a las empresas.
En cuanto a las medidas netamente empresariales, consideran que es necesario un mayor control de costes y productos y servicios, incluidos los procesos de venta y posventa, antes incluso que la búsqueda de nuevos mercados y el incremento de la formación. También estiman que debe producirse un ahorro energético en la empresas, una reducción de sus estructuras organizativas, un incremento de los acuerdos de cooperación y de las horas dedicadas a investigación, desarrollo e innovación.