diálogo social
El interés común de los agentes sociales es identificar los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y señalar las reformas que deberían acometerse para garantizar su viabilidad
29.04.09 - 19:58 -
Los agentes sociales, reunidos el pasado verano con José Luis Rodríguez Zapatero. /ARCHIVO
Fechas clave
El 15 de febrero de 1994, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición no de Ley del grupo parlamentario de CiU, por la que se creaba una ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, con la finalidad de analizar los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y señalar las principales reformas que deberían acometerse en un futuro para garantizar su viabilidad.
La Comisión de Presupuestos alcanzó un año después un acuerdo sobre el informe emitido por la ponencia, denominado 'Pacto de Toledo' por el lugar donde fue elaborado, que fue ratificado más tarde por el Pleno del Congreso. El Pacto significó un firme compromiso de todos los grupos parlamentarios con el sistema público de pensiones de la Seguridad Social.
El texto aprobado hacía quince recomendaciones con el objetivo de reducir de forma gradual las cargas sociales. La separación y clarificación de las fuentes de financiación, de forma que las prestaciones contributivas se hicieran vía cotizaciones y el resto por impuestos, la edad de jubilación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la constitución de reservas para períodos de baja de ingresos o la financiación, simplificación e integración de los regímenes especiales, eran algunas de las recomendaciones recogidas en el documento.
Entre los primeros frutos del 'Pacto de Toledo' está la firma en 1996 de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos por el que el Ejecutivo se comprometía a garantizar el sistema de protección social público y el poder adquisitivo de las pensiones hasta el 2001. La patronal CEOE no se sumó al considerar que era una aplicación parcial del 'Pacto de Toledo', que dificultaría obtener en un futuro los objetivos planteados. Al año siguiente se aprobó la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, y se creó el Fondo de Reserva para garantizar el pago de pensiones mediante dotaciones anuales para atenuar los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones.
Ya en 2001, el Gobierno, la patronal CEOE y el sindicato CCOO firmaron el Acuerdo sobre Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social, al que UGT no se adhirió por considerar excesivo el plazo de separación de fuentes de financiación. El 27 de diciembre de ese mismo año el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, y en marzo de 2003, el proyecto de Ley que regulaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Recomendaciones
La última de las recomendaciones del 'Pacto de Toledo' proponía el análisis y seguimiento de la evolución del sistema en el plazo de cinco años. Por ello, en mayo de 2000 se acordó la creación de la Comisión Parlamentaria no permanente para valorar los resultados obtenidos. En esta ocasión el informe concluyó con un preámbulo y 22 recomendaciones divididas en cuatro bloques.
- El primero contenía las recomendaciones desde el inicio del Pacto y su grado de cumplimiento.
- El segundo añadía cinco recomendaciones adicionales relacionadas con nuevas formas de trabajo y desarrollo profesional, mujer y protección social, dependencia, discapacidad e inmigración.
- El tercero configuraba el sistema de pensiones en el marco de la Unión Europea con otras tres recomendaciones sobre mecanismos de coordinación comunitaria, políticas presupuestarias y movilidad de los trabajadores dentro de la UE.
- El cuarto bloque hacía referencia al seguimiento y evaluación de las recomendaciones, cuyo desarrollo debería basarse en el diálogo de los agentes económicos y sociales. Asimismo, instaba al Gobierno para que la revisión del cumplimiento de las recomendaciones se llevara a cabo mediante instrumentos parlamentarios específicos de carácter permanente.
En el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo se han aprobado diversas proposiciones no de ley para desarrollar las recomendaciones que contempla, así como otras actuaciones del Gobierno en materia de Seguridad Social. Entre estas últimas medidas cabe destacar la reforma de la Seguridad Social acordada con los principales agentes sociales y económicos, la subida de las pensiones mínimas, el aumento del gasto en protección social, el incremento del Fondo de Reserva hasta 42.000 millones de euros en 2007, la equiparación de derechos para colectivos discriminados o el avance en la integración de regímenes de la Seguridad Social.
