L a semana pasada se difundió una nota de prensa con los resultados de un artículo científico recientemente publicado y firmado por investigadores de cuatro universidades españolas (IE, UAM, UniLeón y UCLM) y del CSIC. La Consejería de Agricultura de la JCyL, Asaja y el representante del Comité Científico de Plagas (Elías Rodríguez Ferri) respondieron de forma inmediata con agresivas notas de prensa posiblemente meditadas de antemano, pues desde hace más de un año debían conocer ya buena parte de los resultados de este estudio. Si hablamos antes de estos resultados fue precisamente por responsabilidad, en un estéril intento de poner sensatez al desmedido y torpe programa de control. La mayoría de ellos se atreven a decir que nuestros datos de envenenamiento de varias especies de fauna silvestre son falsos, y dicen de nuevo que en el Laboratorio Agrario de Burgos se han analizado 178 cadáveres, pero sólo han encontrado un caso de baja concentración de rodenticidas anticoagulantes (vulgo matarratas).

Pues bien, nuestros resultados están publicados en una revista científica internacional. La publicación de resultados en este tipo de revistas se produce después de pasar rigurosos filtros, evaluados por expertos en la materia. Los resultados de la JCyL tan sólo los conocemos como breves referencias en los periódicos. Que hagan públicos de una vez estos resultados de una forma adecuada, detallando métodos, y con firma avalandolos. De hecho, las réplicas a artículos científicos se deberían hacer en las propias revistas científicas donde se publican, además de en los periódicos. Los análisis toxicológicos presentados en este artículo vienen avalados por Rafael Mateo, uno de los mejores ecotoxicólogos del país. Y han sido realizados en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), laboratorio de referencia del Programa Antídoto para varias comunidades autónomas. De momento nadie sabe qué científico avala los resultados de la JCyL, el cual debería dar la cara de una vez. Y el laboratorio de Burgos es actualmente un desconocido en el mundo de la toxicología de fauna silvestre. De hecho, la JCyL sigue enviando las muestras de animales envenenados que pasan por el Programa Antídoto a otros laboratorios fuera de la comunidad. La JCyL ha colgado en la red, desde el 26 de marzo, un informe en el que se afirma que de los 178 cadáveres, en realidad el 18% contenía rodenticidas. O sea, se desdicen de sus propios resultados (resaltados por la propia viceconsejera de Agricultura y Ferri en sus ataques a nuestro trabajo), y se aproximan a los nuestros. Confunden dosis letal con niveles en hígado, y nosotros usamos sintomatología patológica para diagnosticar la muerte. Sólo les falta confundir la velocidad con el tocino en esto de los topillos.

Respecto a las críticas de los sindicatos agrarios, nuestro artículo científico es muy oportuno, dado que se sigue distribuyendo veneno y quemando cunetas en marzo a poco que los roedores (en general) han vuelto a reaparecer, eso sin contar con las toneladas de rodenticida sobrante que tienen los agricultores ya almacenadas. Pobres perdices y liebres. Dicen que nuestros resultados son falsos, aunque no se deduce de sus explicaciones en qué sesudo dictamen se basan. A lo mejor es que, como se atrevió todavía a decir alguno de sus representantes en pleno siglo XXI, prefieren seguir creyendo que los topillos los sueltan los ecologistas. Que papelón el suyo. Pero lo que realmente me preocupa como científico es cómo resuelven ustedes la ecuación «año récord de producción agraria en Castilla y León = se pagan daños». No soy experto en economía agraria, pero no me cabe en la cabeza. ¿En un año récord de producción hay que pagar daños que han supuesto menos del 10% de la cosecha? Hagan ustedes buenos seguros o páguese con justicia al realmente perjudicado, en vez de recibir ganancias extra en año de gran cosecha. Y olé por los agricultores sensatos que no quisieron llenar sus campos de veneno; hubo muchos.

En cuanto a la amenaza de denuncia por haber retirado cadáveres de animales realizada por la viceconsejera de Agricultura, el único responsable soy yo, por lo que pueden dejar en paz a los otros autores del artículo, con un sólo expediente bastará. Por si no quieren perder tiempo, los cadáveres del IREC llegaron siguiendo el protocolo del Programa Antídoto, o el convenio que tenemos con la Federación Española de Caza. En cambio la JCyL retiró cadáveres con su propio protocolo, sin pasar por el Seprona. No me inquieta por tanto en absoluto que se me amenace por cumplir con mi obligación como científico, que es buscar la verdad dentro de la legalidad, por más que se intente esconder o haya otros científicos incapaces de encontrarla.

Ferri básicamente reconoce la clave de nuestro artículo, existió el declive natural, y debe usar más los criterios académicos que los ideológicos o políticos.

En mi opinión, basada en hechos científicos, el control de la plaga del 2007 fue desmedido, insensato, absolutamente irrespetuoso con el medio natural, particularmente especies cinegéticas, y malgastó nuestros impuestos en tiempos de elecciones.

Para terminar, rectificar es de sabios, señores. Yo animaría a la JCyL y a la Comisión de Plagas a que analicen la información científica seria con serenidad, inviertan en ciencia relacionada con la demografía y control del topillo (¿cuánto dinero se ha invertido en ciencia del comité de plagas?), apoyen el control ecológico de plagas, cumplan las directivas europeas, y lleven a Castilla y León al siglo XXI, no a mediados del XX, como se señala en nuestro artículo «viejas lecciones merecen nuevas reflexiones». Y sobre todo, que se sienten con los expertos y con todos los sectores implicados para corregir sus errores y encontrar una solución satisfactoria para todos.