E n el debate sobre la 'interrupción voluntaria del embarazo', los pro-abortistas han cogido una pataleta ante la campaña publicitaria que con tanto éxito ha promovido la Iglesia católica (por cierto, ya me explicarán ustedes el motivo por el que puede opinar doña María Antonia Iglesias y le está vedado discurrir sobre el asunto al obispo de Coria). Que los carteles con fotos del bebé y el lince han hecho pupa está claro y basta con examinar las reacciones del partido en el poder y de toda su poderosa maquinaria captadora de voluntades, que a falta de otros argumentos han dedicado tiempo a argumentar que el bicho no es ibérico, como si el origen del animalito fuera a privar de fuerza al tremendo mensaje que todo el mundo ha entendido: que en España tenemos muchas especies animales protegidas, pero que se quiere suprimir cualquier obstáculo que limite el asesinato de niños indefensos antes de nacer.

Estas tierras nuestras se habían convertido en el paraíso de las abortistas, y al parecer la ministra Bibiana Aído pretende compensar la anunciada baja del turismo internacional con la afluencia de embarazadas de todo el mundo, que atravesarían nuestras fronteras para regresar a sus países de origen más ligeras de peso: porque dejan sus fetos en las trituradoras de los doctores Morín y compañía y porque engordan las arcas de las clínicas abortadoras.

Dicen los miembros y miembras del comité de expertos encargado de redactar la nueva ley de plazos, que existe en España una 'demanda social' a la que hay que dar respuesta decretando el aborto libre hasta la semana catorce de embarazo, aunque sin plazo alguno en caso de violación o de malformación del feto, que solamente sería 'protegible' a partir de la semana veinticuatro; si bien será muy fácil eliminar cualquier condicionante de tiempo aprobando un nuevo supuesto enunciado como «conflicto personal de la madre», tan fácil de alegar por la abortante como el vigente de «peligro para la salud física o psíquica de la embarazada».

Que el PSOE quiere alcanzar el objetivo de un aborto libre y sin traba ni condicionamiento alguno, por tratarse -dice la vicepresidenta De la Vega- de un derecho de la mujer, es algo evidente y lo demuestra el calibre de la artillería dedicada a ese empeño: los teóricos partidarios tienen aseguradas las mejores páginas de la prensa gubernamental y los espacios privilegiados de la televisión. «En la colisión de los derechos entre la madre y el nasciturus -dicen- el Estado tiene la obligación de proteger a la mujer, porque el feto no es persona y la madre sí», y lo rodean de gritos para que no se pueda oir a quien cite el artículo 15 de la Constitución, «todos tienen derecho a la vida»; y para que las gentes olviden que el Tribunal Constitucional tiene definida la obligación del Estado de defender al no nacido y de no interrumpir la gestación, porque los fetos, mal que les pese a los abortistas, son seres humanos desde el momento de la fecundación.

La última pirueta trágica del Gobierno socialista está en ese propósito de permitir que a partir de los 16 años de edad una niña española pueda abortar sin necesitar conocimiento ni autorización paterna. Cuando se trata de sacar adelante una idea -aunque sea un crimen- hay doctrinas que no se paran en barras.

El aborto es un crimen, constituye el asesinato de un ser humano indefenso. Y no existe ley que pueda legalizar este horror, del que tendrán que responder cuantos colaboren en el proyecto, de una forma o de otra.