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El edificio afectado por el auto tiene dos plantas y une dos bloques de pisos. / RODRIGO DE ROJAS
Un juzgado da 30 días para demoler el edificio de oficinas de Juan de Austria
VALLADOLID

Un juzgado da 30 días para demoler el edificio de oficinas de Juan de Austria

Los vecinos afectados acusan al Ayuntamiento de «prevaricar» y avanzan que acudirán a la vía penal si el Consistorio no cumple la sentencia Los socialistas aseguran que el «compendio de ilegalidades urbanísticas» del equipo de León de la Riva cuesta mucho dinero a las arcas públicas

J. ASUA

Miércoles, 18 de marzo 2009, 10:56

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El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 da un plazo de treinta días al Ayuntamiento de Valladolid para que proceda a la demolición del edificio de oficinas de dos plantas situado en la plaza Juan de Austria, ahora desocupado. En un auto de fecha 6 de de marzo, el juez ordena que se ejecute la sentencia, confirmada por el TSJ de Castilla y León, que anulaba la licencia concedida por el Consistorio a la empresa Parzara S. L. en el 2005 para levantar este inmueble.

Este bloque es uno de los objetos de pelea de once vecinos del edificio contiguo que se han visto literalmente acorralados por esta construcción, en especial los que viven o trabajan en los tres primeros pisos.

El juez es contundente y rechaza por insuficiente la iniciativa municipal de iniciar un expediente de restitución de la legalidad para evitar el derribo. El auto recuerda que si el Ayuntamiento consideraba que existían cuestiones a aclarar en la ejecución de la sentencia, debió haberlo tramitado con la prontitud debida y con el respeto de del derecho de defensa de todos aquellos que puedan resultar afectados en sus intereses legítimos. «La reposición de lo edificado al estado anterior al otorgamiento del acto administrativo es evidente que exige la demolición del edificio, no un procedimiento de la restitución de la legalidad sin concluir», zanja el juez, que una vez más da la razón a los vecinos litigantes.

El auto del juzgado tira de jurisprudencia del Supremo y recalca que el Alto Tribunal ha dictaminado, en numerosos fallos, que «tratándose de obras realizadas al amparo de una licencia que contraviene normas urbanísticas, la anulación de ésta comporta la obligación de demolición de aquellas».

Ayer, varios de los residentes que se desde sus ventanas se dan de bruces con el hormigón del bloque de la discordia acompañaron al presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, en la rueda de prensa que ofreció en la plaza Juan de Austria. El PSOE asegura que el edificio es «un compendio de todas las ilegalidades posibles que ya estamos acostumbrados a contemplar en la ciudad y que cualquier día serán objeto de visita en el bus turístico».

Según aseguró Puente, hay siete sentencias firmes en contra de este ámbito urbanístico tanto por el edificio comercial como por la invasión de un espacio público con una rampa de garaje y el exceso de edificabilidad -ocho viviendas de más- en el bloque residencial que sigue a las dos plantas comerciales y que se sitúa en la curva de acceso hacia el puente de El Corte Inglés.

Puente apuntó que aún cabe recurso de apelación ante el TSJ, aunque le recomendó no hacerlo porque puede ser condenado en costas. A ello añadió los importantes gastos para las arcas públicas que supondrá la demolición y las posibles indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que puedan solicitar los residentes. Los vecinos acusaron al Ayuntamiento de «prevaricar» por incumplir su propia normativa y adelantaron su disposición de acudir a la vía penal si el Consistorio sigue su «huida hacia adelante».

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