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47.315 lectores diarios RSS | ed. impresa | Regístrate | Domingo, 12 febrero 2012

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CASTILLA Y LEÓN

El Gobierno regional, que conoce la sentencia del TSJ desde haceuna semana, aún no ha tomado medidas para resolver el conflicto

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Educación busca fórmulas para normalizar los 249 colegios con directores ilegales
José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno./ NACHO GALLEGO-EFE
Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando diversas fórmulas para enfrentarse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara «ilegal» el nombramiento de 249 directores de colegios e institutos de la comunidad autónoma, a los que en el 2006 el Gobierno regional renovó automáticamente el mandato por cuatro años cuando la ley sólo les daba un año de plazo para poder aplicar las directrices establecidas por la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE).
José Antonio de Santiago-Juárez declaró ayer, al término del Consejo de Gobierno, que la Junta respeta la sentencia y que está buscando la fórmula «más adecuada» para que los centros no se vean perjudicados. «Los colegios necesitan un director y los que menos han de verse perjudicados son los alumnos», explicó el portavoz del Ejecutivo autónomo.
De Santiago-Juárez justificó la renovación automática de los cargos debido a que el proceso se había producido «entre dos leyes», la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación, aprobada por el gobierno de Aznar) y la LOE, aprobada por el de Zapatero, y que modifica las condiciones para el nombramiento de directores. En el primer caso, primaba el criterio de la Administración en la designación, pero la normativa socialista da más participación a la comunidad educativa. Según esta última, que entró en vigor en el 2006, al siguiente año, los directores de los centros debían haberse renovado al año siguiente acatando las nuevas pautas, pero la Junta, con Guisasola entonces como consejero de Educación, les renovó el mandato por cuatro años más, decisión que fue denunciada por la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes), a quien el alto tribunal regional ha dado la razón. El portavoz indicó que, al no existir la posibilidad de presentar un recurso ordinario, los servicios jurídicos estudian, entre otras fórmulas, la presentación de uno extraordinario si tuviera cabida, u otras fórmulas. En el mismo caso, dijo, se encuentran Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla-La Mancha.
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