CASTILLA Y LEÓN
El tribunal considera que la renovación de los cargos por parte
de la Junta vulnera la Ley de Educación promovida por el PSOE
11.12.08 -
Álvarez Guisasola, ex consejero de Educación, y Juan José Mateos, actual responsable del área./ A. T.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara ilegal la renovación automática en el cargo por un periodo de cuatro años de cerca de 300 directores de colegios e institutos de la comunidad llevada a cabo por la Consejería de Educación en el año 2006 y que aún desempeñan esta función. El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 22 de octubre del 2008, estima el recurso de apelación presentado por la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes) al considerar que el Ejecutivo autonómico vulneró la Ley Orgánica de Educación, promovida por Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estos directores fueron nombrados según la Ley de Calidad de la Educación, diseñada por PP y que entró en vigor en el 2003. Tanto aquel texto como la orden de la Consejería EDU/663/2004 daban la mayoría a la Administración a la hora de designar al responsables de los centros. Con la entrada en vigor de la ley socialista, en mayo del 2006, cambiaban las tornas y era la comunidad escolar (un tercio de miembros del claustro y otro tercio del consejo) los que adquirían más peso.
Este texto, ahora en vigor, daba la posibilidad de prorrogar el mandato de los directores nombrados con la ley anterior durante un año hasta que se convocase un nuevo proceso de selección de acuerdo con la nueva norma impulsada por el PSOE. A juicio del legislador era tiempo suficiente para proceder a la adaptación.
En su recurso Aspes alegaba que la estrategia de renovar automáticamente a los directores designados al amparo de la normativa anterior privaba a toda la comunidad educativa de su derecho a participar en su designación. No fue la única organización sectorial de trabajadores que advirtió a la Consejería de Educación de los problemas que podría acarrear esta decisión.
Sin embargo, los responsables del departamento que entonces gestionaba Francisco Javier Álvarez Guisasola hicieron caso omiso y decidieron dejar en el cargo a estos responsables durante cuatro cursos más. Fuentes del sector aseguraron que la consejería renovó automáticamente a buena parte de los directores «de su cuerda», aquellos responsables que, a juicio de la Administración autonómica, «se podían plegar con más facilidad a las órdenes de los dirigentes educativos».
La cifra de centros afectados en las nueve provincias supone cerca de un tercio del total de colegios e institutos de Castilla y León, según las mismas fuentes.
En la Consejería de Educación prefirieron aplazar la valoración de la sentencia del TSJ. «Nos ha llegado esta mañana y tienen que analizarla los servicios jurídicos», dijo ayer un portavoz del departamento que ahora dirige Juan José Mateos. Así, no aclararon si convocarán un proceso de selección urgente en estos 300 centros. El alto tribunal deja claro que se «vulnera el mandato recogido en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación, que es vinculante para todas las comunidades».
