PALENCIA
El Gobierno regional considera que el fallo
vulnera la autonomía de los consejos escolares
28.11.08 -
La Junta de Castilla y León recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde el 2005. Pese a que, en un primer momento, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, asegurara el mismo día en que se dio a conocer la sentencia que el Gobierno regional no la recurriría, el ejecutivo ha cambiado finalmente de opinión; y así lo hizo saber ayer su portavoz, durante su comparecencia de los jueves con los medios de comunicación, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
«La Junta ha tomado la decisión de recurrir la sentencia que declara la obligación del colegio público Macías Picavea de retirar los símbolos religiosos de sus aulas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», anunció De Santiago. «Esta sentencia va contra un acuerdo del consejo escolar del propio colegio y, según la ley, el consejo escolar es un órgano de gobierno. La Junta no pone ni quita crucifijos; creemos y apostamos por la autonomía de los consejos escolares y pensamos que esas decisiones son responsabilidad del consejo escolar», argumentó el portavoz.
Ejecución cautelar
Ante esta decisión de la Junta, calificada ya antes de producirse de «indecente» por el portavoz de la Asociación Cultural Escuela Laica, Fernando Pastor, padre de una de las alumnas del colegio vallisoletano Macías Picavea e impulsor del proceso judicial, la asociación ya ha pensado pedir al juzgado «la ejecución cautelar de la sentencia» para que la retirada de crucifijos sea efectiva hasta el próximo fallo, al tratarse de «vulneración de derechos fundamentales», explicó Pastor.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid dictó esta sentencia al entender que los símbolos religiosos de las aulas y en espacios comunes del centro escolar vallisoletano vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución que hacen referencia a la igualdad y la libertad de conciencia, decisión defendida también por el fiscal.
«La Junta respeta la sentencia pero no la comparte», reiteró el consejero de la Presidencia quien, consideró que, llegados a este punto de «judicializar la cuestión, la Junta va a defender el acuerdo del consejo escolar del centro». Además, según palabras de su portavoz, «la Junta no cree que la presencia de estos símbolos religiosos vulnere algunos de los derechos fundamentales y libertades públicas que consagra nuestra Constitución. Antes bien, consideramos que la presencia de estos símbolos está muy lejos de ser considerada por la inmensa mayoría de la sociedad española como un elemento de agresión o de vulneración de derechos».
El portavoz de la Junta de Castilla y León quiso dejar clara, en más de una ocasión, la idea de que la Junta ni quita ni pone crucifijos y recordó que, desde el 2000, año en el que el gobierno regional asumió las competencias en Educación, «se han construido 2.000 aulas en 168 nuevos centros educativos y no se ha puesto ni un solo crucifijo».
«Tampoco hemos quitado los que ya existían en las aulas en el momento de asumir esas competencias porque respetamos la autoridad de los consejos escolares, auténticos órganos de gobierno de los mismos, que, en muchos casos han decidido retirarlos, como así se ha hecho, y, en otros, han decidido mantenerlos, como es el caso del colegio Macías Picavea».
