La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se declaró partidaria de eliminar los símbolos religiosos, sean crucifijos o cualquier otro, de los edificios públicos, y los colegios, puntualizó, son lugares públicos «por excelencia». Recordó que la Constitución establece que España es «un Estado aconfesional» y si en los establecimientos que dependen de la administración hay algún símbolo que puede «agredir» la sensibilidad de alguien «debe ser quitado de en medio». La religión, dijo la ministra en una entrevista concedida al diario 'ABC', corresponde «al ámbito privado» de las personas, y no puede «interferir en la educación pública». Por tanto, prosiguió, los padres de los alumnos están en su derecho de pedir que se retiren los símbolos religiosos, y los centros educativos tienen que atender esa petición. Cabrera, de todos modos, confió en que este debate no se convierta en «fuente de conflictos» entre partidarios y contrarios, ya que no se trata de «una prohibición», sino de una disposición recogida en la Constitución». El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, dijo respecto a la sentencia que «no tiene más que respetarla». Sí que se explayó más el vicesecretario general de su partido, el PSOE, José Blanco, quien afirmó ayer que «en los colegios públicos no debe haber crucifijos porque hay que respetar las creencias de todo el mundo». IU de Valladolid pedirá en el próximo pleno la retirada del crucifijo del salón de plenos del Ayuntamiento.

El presidente del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano, monseñor Gianfranco Ravasi, consideró ayer que retirar los crucifijos es quitar uno de los símbolos que mejor sintetiza y recoge en sí mismo «el dolor de las víctimas de la violencia, del poder». «Más allá de argumentaciones teológicas o religiosas, si quito ese crucifijo quito uno de los símbolos fundamentales que reúne en sí el dolor de la humanidad», aseguró.