El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia en la que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes, por entender que vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución que hacen referencia a la igualdad y la libertad de conciencia, una decisión defendida también por el fiscal. «Se trata de una sentencia importantísima, ya que es la primera vez en España que un juez entra en el fondo del asunto dando la razón a la libertad de conciencia», dijo el portavoz de la Asociación Cultural Escuela Laica, Fernando Pastor, padre de una de las alumnas del centro e impulsor del proceso judicial.
La Asociación Cultural Escuela Laica recurrió al contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo Escolar del centro de no proceder a la retirada de los símbolos religiosos, después de que la Junta de Castilla y León tomara partido y rechazara el recurso presentado por la asociación.
La decisión judicial desmonta ahora, según Pastor, la postura mantenida por la Junta que dispone de un plazo de quince días para recurrir el fallo, «aunque si lo hiciera, sería una indecencia», subraya el portavoz. No obstante, la asociación ha estudiado esa posibilidad con sus abogados y de producirse, se pediría al juzgado «la ejecución cautelar de la sentencia» para que la retirada de crucifijos fuera efectiva hasta el próximo fallo, al tratarse de «vulneración de derechos fundamentales», añade Pastor, que ha calificado de «calvario» llevar a la niña al colegio desde que solicitara la retirada de los crucifijos hace tres años, y para quien la directora del centro no debería seguir en su puesto ni un minuto más, «porque ha tomado el colegio como un cortijo particular».
Por su parte, el presidente de la Asociación Escuela Laica, Carlos Parrado, pidió la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos, «porque es una persona que nos representa a todos y ha estado vulnerando derechos fundamentales de unos ciudadanos, de unas familias que desde hace años hicieron una petición a la Junta».
El juez subraya que, en el ámbito educativo, el tema de la libertad religiosa es «especialmente sensible», pues al tratarse de la fase de formación de la personalidad de los jóvenes, la enseñanza influye decisivamente en su futuro comportamiento respecto de creencias e inclinaciones».
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró ayer por la noche que el Gobierno regional acatará la sentencia y que, en principio, no la recurrirá. De Santiago-Juárez manifestó el «respeto» de la Junta por esta sentencia, al tiempo que recordó que el Gobierno regional ya dijo en su día que la retirada o no de crucifijos era una decisión que tenía que tomar el Consejo Escolar, informa Europa Press. «La Junta pensó en todo momento que la decisión correspondía al Consejo Escolar del centro y obró en consecuencia», resaltó.
La Consejería de Educación, por su parte, anunció que estudiará mañana el fallo judicial y tomará una decisión al respecto.
La Federación Castellano y Leonesa de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales considera que el auto conocido ayer constituye «un paso valiente en la clara separación entre Iglesia y el Estado». Con esta sentencia, prosiguen, «los espacios públicos, los colegios públicos y la educación pública se establecen como el lugar común de todos los españoles, donde no caben, donde no deben caber, simbologías de ninguna religión», aseguraron.