PEDRO RODRÍGUEZ Y MILAGROS HERNÁNDEZ, padres deUN HIJO CON ESCLEROSIS TUBEROSA
El Supremo y el TSJ eximen a la Junta de pagar una operación de esclerosis tuberosa que «únicamente» se realizaba en la sanidad privada
Milagros Hernández y Pedro Rodríguez muestran los papeles en presencia de su hijo Luis. / F. JIMÉNEZ
«Por un hijo haces lo que sea y uno no se espera esto, los jueces deberían haber sufrido lo que hemos pasado nosotros con Luis». Pedro Rodríguez es un agricultor de Carpio de Campo que lleva tres años luchando por lo que considera justo. Su hijo nació en 1982 y a los siete meses de edad le detectaron una esclerosis tuberosa, una grave enfermedad que le ha provocado una deficiencia mental y que le ha hecho sufrir continuos ataques epilépticos severos hasta que fue intervenido con éxito en la Clínica Teknon de Barcelona en el 2005.
El Tribunal Supremo ha archivado la última oportunidad de esta familia, después de que el TSJ de Castilla y León considerase que no se trataba de un caso de urgencia vital, por lo que eximía a la Junta de pagar esta intervención en el centro privado catalán, que costó 48.736 euros. La decisión de ambos tribunales ha sido un varapalo para estos vecinos de Carpio. Hace dos años el juzgado de lo Social número uno de Valladolid avaló la urgencia de esta intervención y ordenó que Sacyl la pagase, después de más de veinte años de asistencia en el Hospital Clínico de Valladolid con tratamientos farmacológicos sin resultados positivos.
Fue en el 2004 cuando Pedro Rodríguez y su mujer Milagros contactaron con la Asociación de Esclerosis Tuberosa, donde les informaron que en el Centro Médico Teknon de Barcelona se habían practicado intervenciones con buen resultado. «Para nosotros fue una luz, la esperanza de que nuestro hijo podía mejorar», explican.
Inmediatamente solicitaron a Sacyl la derivación de Luis a este centro privado. Sin embargo, la Gerencia Regional les informó que no procedía, ya que el procedimiento solicitado se encontraba en uso tutelado y que el centro público de referencia era el Hospital La Paz de Madrid. A Luis ya lo habían llevado a este centro en 1985. Entonces no practicaban la intervención. En enero del 2004, el Instituto Madrileño de Salud reconocía en un supuesto similar «no poseer suficiente práctica en la intervención quirúrgica», mientras se indicaba la posibilidad de ser canalizados al Hospital de La Princesa.
Un año más tarde Pedro y Milagros recibían un escrito de La Paz en el que se les ofrecía la posibilidad de realizar un estudio a Luis, pero ellos apostaron por las garantías que les ofrecían en Teknon. «Cada vez estaba peor, ya no podíamos esperar más», explican. Con la ayuda de la familia, el matrimonio logró reunir el dinero para afrontar la operación, que fue un éxito. «Pasó de estar mañanas enteras con ataques epilépticos en los que perdía la consciencia y el habla a poder hacer una vida normal», explican los padres, quienes muestran su sorpresa porque los jueces no hayan pedido en este caso testimonios ni a los médicos ni a los vecinos del pueblo. «No hemos podido explicar cómo sufría nuestro hijo», lamentan.
La sentencia del juzgado de lo Social subraya que Luis venía siendo sometido a tratamiento farmacológico por un periodo superior a los veinte años, lo que había erosionado gravemente su salud física y psíquica, «habida cuenta la naturaleza progresiva de la esclerosis tuberosa con la potencial consecuencia de sufrir accidentes que pueden hacer peligrar la vida del enfermo». Para esta sala concurría la urgencia vital exigida para poder reclamar a la Administración el pago de la operación. Haber aceptado el estudio en La Paz «no conseguiría más que una dilación en la atención al paciente», dice esta sentencia, que añade que tampoco se ofertó la posibilidad de que pudiera ser tratado en el Hospital de La Princesa.
Sacyl recurrió este fallo ante el TSJ, que finalmente decidió revocar la primera sentencia. El alto tribunal consideró que la decisión de optar por el centro privado fue libérrima y no tuvo una causa por una acrecentamiento de la urgencia vital ni porque el sistema público de salud eludiese el abordaje terapéutico quirúrgico de la patología, ya que se sí existía un centro en Madrid con experiencia en esta operación.
Los abogados del matrimonio aseguran, sin embargo, que en ese momento en ningún centro público de España se practicaba esta intervención, que mejora notablemente la vida del enfermo. Pedro asegura no entender ni la postura de los jueces ni la de la Junta cuando se trata de la salud de una persona. «¿No se hubieran agarrado ellos a lo que sea como hicimos nosotros?», se preguntan.
