La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, aseguró ayer que la actuación para reponer los 15 metros de muro de la muralla que
se desplomaron en la madrugada del lunes empezará en un mes, una vez que la Comisión de Patrimonio ha dado el visto bueno al plan de urgencia. La pretensión, indicó Valdeón, es que la restauración de ese tramo de lienzo que pertenece al primer recinto amurallado de la ciudad esté concluida antes de que finalice este año.
El desplome continúa provocando reacciones e interrogaciones sobre el precario estado de salud de la cerca fortificada. Por el momento, el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León ha solicitado a la Junta todos los informes técnicos emitidos al respecto. La petición se realiza a raíz del último desprendimiento, pero el procurador zamorano José Ignacio Martín Benito recuerda que otros tramos están en peligro sin que la Junta ni el Ayuntamiento hayan intervenido, por ejemplo, para frenar los sucesivos desprendimientos en la zona de las Peñas de Santa Marta producidos en la primavera pasada.
El PSOE pide, en concreto, que se le facilite una copia del Plan Director de las Murallas de Zamora, y de otros informes técnicos realizados sobre aspectos parciales o generales de las murallas de la ciudad en los últimos diez años. Martín Benito reclama información sobre las actuaciones que se han llevado a cabo con arreglo al plan PAHIS correspondiente al período 2004-2012, así como la cuantía de las inversiones realizadas por la Junta en los últimos diez años en la cerca zamorana.
También el Prepal interroga al equipo de Gobierno municipal sobre «la aplicación práctica del nonato Plan Director de las Murallas de Zamora». El partido regionalista espera que esta vez, «todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zamora, se pongan de acuerdo para proceder de forma inmediata al arreglo del trozo desprendido». Al mismo tiempo, hace una llamada sobre la situación del conjunto de los recintos «para que su consistencia sea evaluada por los expertos».
El plan director, que llevan en el cajón de las Administraciones local y autonómica desde 1999, advertía de que el estado de conservación de las murallas zamoranas, al menos en un 20% de su superficie y, en concreto, en la zona de Trascastillo, donde se han producido los últimos desprendimientos, era ruinoso y precisaba de actuaciones de consolidación urgentes.
A golpe de desplome
Son contadas las actuaciones propuestas en ese plan director que se han realizado en el horizonte previsto de ocho años, a contar desde el 2000. Sólo ha habido intervenciones puntuales, a golpe de desplome, entre las Peñas de Santa Marta y puerta del Obispo y la liberación de algunos tramos en la avenida de la Feria, que ha sido financiada por entidades privadas. La última intervención de cierto fuste que se ha realizado en ese período por la extensión, un tramo de unos doscientos metros, fue en la muralla del antiguo barrio chino, dentro de las obras de reurbanización del barrio de La Lana que se ejecutaron con fondos europeos.
El anterior equipo de Gobierno de Antonio Vázquez, consideró que la cuantía necesaria para abordar el proyecto integral de revalorización de la muralla, cifrada en 7,2 millones de euros (sin contar las expropiaciones para liberar ciertos tramos), era inasumible para el Ayuntamiento. Sólo para la restauración del tramo entre la panera del Obispado y el Castillo, el de mayor riesgo de derrumbamiento como se ha comprobado ahora, se calculaba un presupuesto de 1,2 millones de euros.
La falta de fondos y la dejadez de las Administraciones largamente criticada por la oposición, ha mantenido paralizado el plan de la muralla nueve años después de su entrega. El responsable del equipo de expertos que redactó el documento, Javier Rodríguez Méndez, profesor de Arquitectura Técnica de la Universidad de Salamanca, señala que, incuestionablemente, «el dinero es la causa fundamental junto con la decisión política de destinarlo a otras cosas, porque invertir en la muralla es un pozo sin fondo y no luce». También advierte de que, a la hora de recabar fondos, no hay que olvidar que la propiedad de la muralla es estatal y «así está inscrito en el Registro de la Propiedad, de manera que el Estado puede cofinanciar actuaciones, como ha hecho en la restauración de las catedrales de León y Burgos».
La subdelegada del Gobierno, Josefa Chicote, indica que en este momento se investiga si existe una cesión de mantenimiento al Ayuntamiento por estar situado este Bien de Interés Cultural en el casco urbano.