El PP y el PSOE se pusieron ayer de acuerdo en respaldar a los trabajadores de Qualytel tras mantener sendas reuniones con los representantes sindicales. Equipo de Gobierno y oposición consensuaron una declaración institucional en la que mostraron todo su apoyo a los afectados por la decisión de la empresa y solicitaron que no se lleve a cabo ningún despido.
El alcalde en funciones, Francisco Albarrán, señaló que el acuerdo «atiende en primer lugar a la situación personal de las personas afectadas por los despidos y en segundo lugar, al impacto que estos despidos tendrían en la economía de la ciudad de Salamanca y en la provincia».
Por su parte, el portavoz socialista, Fernando Pablos, señaló que «en una ciudad como la nuestra en la que decenas y decenas de jóvenes tienen que emigrar en busca de oportunidades, no puede permitirse una situación como ésta», y aseguró que «siempre un despido es una tragedia, pero la pérdida de cientos de puestos es una catástrofe para Salamanca».
De forma conjunta
El comunicado emitido de forma conjunta recuerda que en principio Qualytel está dispuesta a despedir a más de 450 trabajadores de su planta de Salamanca, «la mayoría de ellos residentes en nuestra ciudad», una pérdida de empleo ante la que «el Ayuntamiento de Salamanca no puede permanecer al margen». Por ese motivo, ambos grupos solicitan a la empresa «el mantenimiento de todos los puestos de trabajo que en la actualidad desarrollan su actividad en la plataforma de dicha empresa en Salamanca».
Además, el comunicado incluye un punto en el que se insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a «exigir» a la empresa Qualytel «el cumplimiento de cuantos compromisos haya adquirido al recibir recursos públicos durante los últimos años».
En este sentido, el portavoz socialista, Fernando Pablos, recordó que la empresa firmó en marzo un convenio con la Universidad de Salamanca y el Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por el salmantino Jesús Caldera, por el que formaría a más de 2.500 desempleados a cambio de una ayuda pública de seis millones de euros.
Por su parte, los sindicatos mantienen un intenso calendario de encuentros y reuniones con el fin de «tratar de implicar a todas las administraciones en lo que puede ser un caos para la economía de Salamanca», señaló ayer Jesús Martín, de UGT, quien apuntó a que «el tiempo se va agotando y los despidos serán efectivos el 24 de agosto». Mientras, Mercedes Elena, representante de CC. OO. en el Comité de Empresa, insistió en que «no queremos que se pierda ni un solo puesto de trabajo» y criticó la «actitud negativa» de Qualytel al manifestar en la reunión de Madrid que si no había acuerdo social en los 167 despidos ofrecidos en último término, volvería a los 450 anunciados inicialmente.