El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, se dotará de un blindaje especial durante el tiempo que dure la legislatura gracias a una norma que permite la suspensión temporal de los procesos judiciales que se incoen contra cuatro altas magistraturas del Estado. Resulta representativo de la particular concepción que tiene Berlusconi de la separación de poderes que se haya apoyado en la capacidad del Gobierno para impulsar modificaciones en el marco legal del país a fin de asegurarse su impunidad ante las investigaciones a las que le somete la Justicia italiana. Pero esta utilización interesada de las prerrogativas de su cargo para limitar la respuesta de los tribunales aún es más censurable si se la compara con la propuesta del Ejecutivo para realizar un censo de asentamientos gitanos tomando las huellas dactilares a todos sus miembros, incluidos los niños. Una medida muy criticada que avanza en la pérdida de derechos y la creciente sensación indefensión que soportan los inmigrantes irregulares en el país.