Suma ya al menos trece denuncias por un presunto delito ecológico entre el año pasado y el actual ejercicio y al menos otras veinte desde el año 2000. Y pese a un largo historial de denuncias ante la Guardia Civil, la Fiscalía, el Juzgado, la Delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León, la empresa Álvarez Fray SA continúa con los trabajos en el terreno. Hay además un proceso judicial abierto por desobediencia y daños todavía pendiente y numerosos precintados por parte de la Policía Municipal que ha acudido en múltiples ocasiones a la gravera.

La explotación de la gravera de La Encina, en Laguna de Duero, ha sido declarada ilegal por carecer de licencias por problemas con el impacto ambiental y contra la que pesan dos órdenes de cese y un expediente sancionador emitidos por el Ayuntamiento de la localidad y otra de paralización de la actividad dictada en el 2004 por la Junta, todavía vigente. Sin embargo, los trabajos continúan y alcanzan ya, según los denunciantes, siete hectáreas de terreno con una profundidad de al menos tres metros.

Una cadena de denuncias

Según explica César Balmori, uno de los denunciantes, recientemente han vuelto a recurrir a la Policía y a la Guardia Civil. Hace también unos meses, esta familia envió sendas cartas al delegado del Gobierno y al subdelegado, sin respuesta alguna y, destaca Balmori, el Ayuntamiento dijo que intervendría y que se pondría en contacto con la Fiscalía pero «no ha hecho nada». «Es una gran impotencia que a ningún estamento político le preocupa de verdad el medio ambiente, que sea ilegal la explotación y afecte a un terreno protegido y de igual desde hace ya ocho años».

La hormigonera había comenzado la explotación en el 2000. Un año después, el Ayuntamiento le denegó la licencia urbanística y, en diciembre del 2003, la Junta emitió una declaración de impacto ambiental negativa. Tanto Ecologistas en Acción como particulares denunciaron ante el Juzgado en el 2004 la explotación que, según los denunciantes, ha afectado en ocasiones a la capa freática. El juez lo archivó y la Audiencia revocó el cierre, ordenando nuevas diligencias para determinar si había delito ecológico, daños por la rotura de una tubería y un presunto delito de desobediencia. Finalmente, consideró cumplida la orden de cese porque la empresa abandonó la extracción de áridos en el 2004 al poco tiempo de la emisión de los decretos. Algo que los demandantes, la familia Balmori, cuestionan ahora con la vuelta a la actividad desde el pasado verano.