El grupo popular en las Cortes se propone dar cobertura legal a un proyecto cuya autorización ambiental está suspendida por un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Se trata de una medida cautelar emitida como consecuencia del recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León.

La resolución del TSJ de julio del años pasado paraliza la Orden del 10 de julio del 2006 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concedía la autorización ambiental para la planta de residuos industriales no tóxicos de Fresno de la Ribera. Esta Orden entró en vigor el 20 de julio, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Castilla y León.

Sin soporte legal

La agrupación ecologista alegó en su día que el proyecto carecía de soporte legal al estar anulado el plan regional. Fue el propio TSJ quien había anulado mediante sentencia la aprobación del Plan de Residuos Industriales de la Junta. Ecologistas en Acción consideró, además, que la suspensión de la autorización ambiental debía conllevar la paralización de las obras. Entre sus argumentos contra la planta estaba el que no se respetaba la distancia de dos kilómetros que debe haber entre un centro de estas características y el núcleo de población de Fresno.

El auto del TSJ por el que se suspende la autorización ambiental para la planta fue recurrido por Trecisa (Técnicas de recuperación e Inertización SA), la entidad mercantil que solicitó y a la que se concedió la autorización.

500 incumplimientos

Se da la circunstancia de que coincidiendo con la presentación de la Proposición de Ley del PP sobre la planta de residuos industriales de Fresno, Ecologistas en Acción ha hecho pública una nota en la que denuncia que 500 industrias de la región carecen de autorización ambiental y sólo 50 tienen autorización de inicio de actividad. La agrupación ecologista recuerda que estas irregularidades persisten cuando ha terminado la prórroga concedida por la directiva europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esta prórroga tenía como fin que las empresas de la región obtuvieran e implantarán la autorización ambiental integrada, requisito imprescindible para operar en la Unión Europea.

Las provincias más avanzadas en este cumplimiento son Burgos y Salamanca, mientras que Zamora está entre las más rezagadas, junto con León y Valladolid. En cuanto a vertederos, sólo han obtenido autorización ambiental los de residuos urbanos de León y Salamanca, según ecologistas en Acción. Recuerda que el proyecto de residuos industriales de Zamora está suspendido judicialmente y el de peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), «ni siquiera ha sido informado».