La Junta recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anula un decreto del Gobierno regional aprobado en el año 2006 para posibilitar la construcción de una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre las provincias de León y Palencia, según anunció ayer el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez Blázquez.

El decreto ahora anulado por el máximo tribunal de la región modificó uno anterior de 1998, que ordenaba el uso de los recursos naturales del Parque Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina y facilitaba la autorización para construir una estación de esquí alpino, expresamente prohibida en la normativa anterior a la modificación.

La aparición de un proyecto de la empresa Tres Provincias para edificar un complejo invernal de ocio en esta zona de la montaña palentina y leonesa, unido al clamor de los municipios norteños de las dos provincias para que se pongan en marcha proyectos de desarrollo que eviten la despoblación fue el detonante para cambiar la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Protegido de Fuentes Carrionas.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha estimado el recurso contencioso interpuesto por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), ha señalado en la sentencia que la administración regional no ha presentado datos, análisis o informes técnicos «que acrediten que han variado las circunstancias medioambientales y socioeconómicas tenidas en cuenta al elaborar el PORN que ahora se modifica».

La sentencia entiende que «es muy dudosa la viabilidad económica de una estación de esquí en este espacio natural por los cambios climáticos que se están produciendo», con lo que se se convierte en pionera en admitir el cambio climático como condicionante en la viabilidad de un proyecto empresarial.

El texto jurídico se apoya en varios informes realizados por profesores de las universidades de León y de Salamanca, en los que se hace hincapié en que resulta incompatible la pervivencia de especies protegidas y que la infraestructura que conlleva implica «un conjunto de impactos, directos, permanentes e irreversibles».

El pronunciamiento del TSJ ha caído como un jarro de agua fría en la Junta, desde donde se considera que existen bases suficientes para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que se mostró ayer sorprendido de que la jueza haya usado como argumento el cambio climático, insistió en que la institución autonómica no ha autorizado una estación de esquí, sino que con la modificación de la normativa inicial ha posibilitado que se presente un proyecto para que sea tramitado y evaluado. «La Junta, los tres grupos de las Cortes y muchos municipios han dado su consentimiento favorable para que se evalúe un proyecto de desarrollo de estas características», agregó Jiménez Blázquez.

Por ello, además de recurrir la sentencia, desde la Junta se seguirá con la elaboración de las directrices de ordenación del territorio para la Montaña Oriental de León y Palencia, que adjudicó el pasado julio a la empresa Cotesa. «No abandonamos el camino de un modelo de futuro que rompa con la despoblación», añadió.