SON muchos los analistas que coinciden en afirmar que uno de los logros sociales más relevantes de la pasada centuria fue el protagonizado por las mujeres. Su papel experimentó tal transformación que los rasgos básicos de nuestras actuales estructuras sociales, económica y políticas nada tienen que ver con las de los primeros años del siglo XX, precisamente por la contribución femenina en el desarrollo productivo de esas mismas estructuras.

El importante papel desempeñado por la mujer, iniciado originariamente en el mundo de las ciencias sociales, concluyó con la incorporación al mundo laboral y empresarial, si bien, de forma más ralentizada. Cierto es que persisten ámbitos donde las conquistas sociales de la mujer aun no son plenamente reconocidos, pero no es menos cierto que el proceso de modernización de la sociedad española continúa desarrollándose. Ello conlleva una progresiva disminución de las diferencias constatadas en épocas anteriores, toda vez que desaparecen de forma cotidiana los factores estructurales que han condicionado desfavorablemente su actuación en la sociedad.

Del cambio de estos factores resulta una mayor consideración social de la igualdad entre ambos sexos. Para que sea alcanzada en su plenitud, se precisa acceder a esa equiparación global a partir de que se produzcan con mayor intensidad cambios culturales que rompan las primitivas concepciones sobre el papel que la mujer debe representar en todas las facetas de la vida profesional y, claro está, de la vida empresarial. La dinámica propugnada de este cambio es tal, que cada vez son menos los que se desentienden del proceso, y desde las propias organizaciones empresariales impulsamos esa igualdad y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, al de la economía y al de la generación de riqueza y de empleo.

En realidad se trata de un problema conceptual y de entender el grado de compromiso social adoptado desde la condición femenina. Las mujeres de Castilla y León, al igual que ocurre en el resto de España, se están incorporando paulatinamente al sector productivo, por más que se detecte una mayor dificultad en determinados puestos de trabajo o en determinadas actividades. No podemos olvidar a este respecto la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación, suscrita por las Naciones Unidas en 1979, ratificada por España en 1983 y muy tenida en cuenta en todos los pactos suscritos en el seno de la Unión Europea.

Tampoco se puede soslayar el cambio normativo que se viene produciendo en nuestro país desde años y que tiene como objetivo final terminar con cualquier forma de discriminación y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres para así facilitar el acceso femenino al mercado laboral y a las estructuras empresariales. El principio de igualdad encuentra su reconocimiento desde en múltiples disposiciones del Derecho Internacional y Comunitario originario, tales como los Convenios de la OIT o el Tratado de Ámsterdam, hasta en numerosas directrices marcadas en la Estrategia Europea para el Empleo y, como no podía ser de otra forma, en la misma Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recientemente conmemorado en su 25 aniversario y con su nueva redacción.

Por otra parte, desde Cecale venimos postulando desde hace tiempo esa incorporación femenina al mundo laboral y al empresarial, y así se viene plasmando, no ya en documentos internos, sino en pactos suscritos con las administraciones y con la representación de los trabajadores, tal y como se contempla últimamente en los acuerdos a los que se llega en el marco del denominado Diálogo Social.

Ahora bien, para que tal igualdad de oportunidades sea un hecho tangible y constatable es preciso dar respuesta a las demandas de una sociedad que exige unas relaciones igualitarias entre los sexos basadas en la autonomía, la cooperación, la justicia social y, desde luego, la corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad excede de lo individual para convertirse en prioridad social, por lo que se impone un enfoque transversal, participativo y de diálogo como acicate para avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral de un modo verdaderamente operativo, eficaz y consensuado.

Entiende por ello Cecale que se deben adoptar las medidas que permitan a las mujeres acceder al mercado de trabajo y fomentar desde la implicación de los agentes económicos, políticos y sociales la inserción laboral de las mujeres, el fomento de la igualdad de oportunidades, desarrollando así actuaciones tendentes a hacer visible el valor de las aportaciones femeninas en todos los ámbitos y propiciando una educación social que lo haga posible.

Es evidente que no basta con sensibilizar a la población castellano y leonesa sobre la necesidad de alcanzar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Junto a estas actuaciones y junto a los mecanismos que hagan posible esa conciliación de la vida familiar y laboral con carácter genérico, se deben desarrollar también medidas específicas destinadas a promover la incorporación al mercado laboral de las mujeres del ámbito rural, facilitando su acceso a la formación y cualificación y promoviendo su desarrollo personal, social y cultural, y adoptando las iniciativas destinadas a erradicar cualesquiera manifestación de discriminación y desigualdad que pudieran detectarse.

Está claro que las últimas iniciativas legislativas, especialmente la Ley de Igualdad aprobada el pasado año, van en esta línea, pero muchas de estas disposiciones pueden llegar a ser mero voluntarismo por cuanto que no siempre van acompañadas de medidas económicas que las respalden, y que, a veces, la Administración y sindicatos no tienen en cuenta en los conceptos de productividad y competitividad, cargando sobre la empresa todo el peso del proceso.

Resulta primordial que el legislador conjugue los intereses sociales y los objetivos integrados con los planteamientos empresariales para no poner en peligro la subsistencia empresarial y sabiendo siempre que, como bien se afirma textualmente en el marco del Dialogo Social Europeo, no debemos utilizar la igualdad de trato, para establecer nuevas cortapisas al crecimiento y al empleo, puesto que sería contraproducente para el propio objetivo de integración real y efectiva del colectivo de mujeres en el mercado laboral