La alianza de ocasión forjada por agricultores, ganaderos, cazadores y empresarios cinegéticos sacó este sábado a las soleadas calles de Madrid a decenas de miles de personas aglutinadas bajo el lema 'Por el campo, la caza y la conservación'. Fueron entre 35.000 y 50.000, según cálculos policiales -los organizadores exageraron la cifra hasta los 700.000-. Un éxito en todo caso para quienes enarbolan una confusa maraña de reivindicaciones y una queja unánime: la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada por el Parlamento en noviembre, se ha hecho de espaldas a las gentes del campo.

Convocaban la marcha 47 organizaciones agrarias, federaciones regionales de caza y asociaciones cinegéticas de todo tipo, pero quien arrastró de verdad a la parroquia y puso los tractores fue Asaja, el sindicato de Jóvenes Agricultores de simpatías conservadoras. Con sus afiliados compartieron jornada festiva y reivindicativa empresarios de la caza y dueños de fincas, simples aficionados y personajes salidos de 'La escopeta nacional'. Muchos, además, mataron dos pájaros de un tiro, porque este fin de semana se celebra en Madrid la Feria anual Internacional de la Caza.

La manifestación discurrió desde la explanada frente al Santiago Bernabéu a la del Ministerio de Medio Ambiente. Hubo sol, perros de caza, niños y ambiente de indignación, con todo, mesurada. Seguro que no fue la protesta más crispada de la media docena convocadas este sábado en Madrid. La pregunta para el Ministerio de Medio Ambiente es «¿por qué esta protesta ahora?», cuando ha habido tiempo de sobra para que los colectivos se hicieran oír en la elaboración de la norma. La Ley de Biodiversidad ha sido de digestión muy lenta, casi dos años entre consultas previas y trámite parlamentario, así que el entorno de la ministra Narbona apunta a razones electorales. Para Soraya Rodríguez, responsable de Medio Ambiente en el PSOE, «es un paso más en la estrategia de crispación del PP».

Los convocantes lo negaron. No hubo eslóganes ni símbolos partidistas, ni más gritos contra el Gobierno que las críticas en el manifiesto final. «No nos traen las siglas de ningún partido», dijo Pedro Barato, presidente de Asaja.

Plomo

Admitieron que la ley es la puntilla de una situación que «viene de lejos», lamentó Andrés Gutiérrez Lara, presidente de la Real Federación Española de Caza. Alguno de los puntos más polémicos de la ley, como el veto a la munición de plomo en los humedales Ramsar -convenio internacional de protección de estas áreas- fueron aprobados por el Gobierno del PP. La Ley de Biodiversidad añade a ese listado apenas el 0,1% más de territorio, algunos enclaves incluidos en la Red Natura 2000 de la UE; sumados unos y otros, un 2% del territorio español. El plomo envenena las aguas y a entre 30.000 y 50.000 aves cada año, según las organizaciones ecologistas.

Los manifestantes exigieron una moratoria a este veto mientras no exista una alternativa al plomo viable «y barata», recalcó Gutiérrez Lara. Piden, asimismo, la revisión de la Red Natura 2000, que incluye los enclaves y hábitats más valiosos de la UE -algunos propietarios de terrenos incluidos en la Red se quejan de las restricciones que impone a su explotación económica-, y que la adopción de planes de gestión sostenible de los mismos sea voluntaria y no obligatoria.

Cada colectivo escogió el punto concreto de la ley de Biodiversidad que les oprime el callo. Pedro Barato cargó contra las «expropiaciones en masa» que supuestamente autoriza la ley, más de 12,8 millones de hectáreas presuntamente amenazadas, a su juicio, por el ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre terrenos de especial interés. Es, sin embargo, un derecho admitido mucho antes por el Código Civil, y que pueden ejercen las administraciones competentes, las comunidades autónomas.

Otros reclamaban una licencia única, cambios en la normativa sobre perros de caza o la legalización de modalidades tradicionales de caza, el silvestrismo, parany, perdiz con reclamo o la contrapasa. Las dos últimas fueron aprobadas en el trámite del Senado, aunque corrieron desigual suerte en la votación última del Congreso. Narbona se plegó a la presión de los socialistas andaluces -hay elecciones autonómicas el 9 de marzo- para salvar la caza con reclamo, aunque Bruselas ya se ha quejado. La contrapasa, caza de palomas en su migración hacia el norte de Europa, quedó fuera de la ley después de varias condenas en instancias comunitarias.

En la protesta se dejó notar fijación contra Cristina Narbona. Se le acusó de todo. De declaraciones ajenas, de decisiones que no son competencia del Ministerio sino de las regiones y de alimentar el clientelismo de los ecologistas.

Las oenegés conservacionistas se llevaron los peores epítetos -«talibanes del medioambiente», «titiriteros que cobran de nuestros impuestos», «nuevos mesías»- y algo más. Ocho activistas de la organización Equanimal se plantaron en medio de la marcha con pancartas de 'La caza mata' y un disfraz de zorro. Fueron corridos a capones de la cabecera y la Policía Nacional los protegió en una esquina de la inquina de algunos manifestantes.

Opinión de los ecologistas

Las organizaciones Ecologistas en Acción, WWFAdena, Greenpeace, SeoBirdLife y Amigos de la Tierra afirmaron que la manifestación hace «un flaco favor al conservacionismo» y aseguraron que los argumentos utilizados «no se ajustan a la realidad».

El director ejecutivo de SeoBirdLife, Alejandro Sánchez, dijo que esta marcha ha sido un «error» porque los motivos esgrimidos «no son coherentes». «Creo que el número de asistentes finalmente ha demostrado que el león no es tan fiero como lo pintan».