Ampliamente demandado y retrasado en su primera versión por no haber pasado la preceptiva consulta con los sindicatos, el Plan Integral frente a las Agresiones del personal sanitario es ya una realidad. Prevención, actuación frente a la lesión concreta y seguimiento son los tres ejes para los que la Consejería de Sanidad ha implantado medidas y un calendario de aplicación que permitirá contar en junio con un desarrollo íntegro de este programa.

Entre los objetivos más específicos del plan está la evaluación del riesgo, análisis y estudio de las situaciones y lugares potencialmente más conflictivos.

La Junta y sindicatos han establecido ya un mapa inicial de riesgo basado en la experiencia, aunque sin registros específicos, que ahora sí contemplará este programa. En el mismo y con un recorrido provincial y por servicios, los sindicatos y Sacyl han constatado ya sesenta puntos más polémicos o con más 'tradición' de agresividad tanto física como psicológica. La Consejería de Sanidad implantará así, a partir de marzo, medidas urgentes en dichos centros de salud o servicios hospitalarios. Entre ellas, el responsable de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, matizó que como medidas pasivas instalarán cámaras de videovigilancia, botones antipánico y otras alarmas y, como activas, el aviso a la policía o Guardia Civil, según sea zona urbana o rural.

En los hospitales son las urgencias, unidades psiquiátricas y penitenciarias las que suelen acumular estos problemas; así como los servicios de emergencias del 112.

Observatorio

Además, un Observatorio regional hará un seguimiento de cuanta situación se registre en el futuro con vistas a adoptar o añadir medidas. Como actuaciones preventivas, también las acciones de formación que permitirán al sanitario detectar momentos de tensión y actuar para frenar en vez de empeorar estas situaciones, campañas de sensibilización social y medidas organizativas. La reducción de los tiempos de espera o la información al paciente nervioso pueden evitar conflictos.

Además, en el caso de que se produzca la agresión, el plan prevé su consideración como accidente laboral y, por lo tanto, tendrá una asistencia sanitaria preferente y apoyo psicológico inmediato; así como de asesoramiento y defensa jurídica. Los letrados de la Junta asumirán la asistencia judicial tanto civil como penal. Además, la Administración regional ya ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la consideración de las agresiones como un delito de atentado contra un funcionario público y no como una falta.

Por otra parte, el seguimiento de los programas y trabajos se llevará a cabo por el Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral y se creará tanto el citado observatorio como un registro informático de cada caso. El consejero de Sanidad destacó que el teléfono frente a las agresiones, el 902 197 781, recibió el año pasado 137 llamadas pidieron ayuda por agresiones o amenazas.

El documento fue firmado ayer por Cemsatse (sindicato médico y de enfermería), UGT, CSI-CSIF y USAE (unión de Sae y Uscal).