Ni un poco de luz ni una sola pista sobre el paradero del empresario zaragozano Publio Cordón. El esperado interrogatorio en la Audiencia Nacional de Fernando Silva Sande, el máximo responsable de los comandos operativos de los Grapo y el terrorista que al parecer custodió a Cordón en 1995 durante su secuestro, no sirvió de nada. Tampoco aclararon nada las preguntas al secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r), Manuel Pérez Martínez, 'Camarada Arenas', y a la 'número dos' del brazo político de los Grapo, Isabel Llaquet Baldellou.

Los tres imputados, para quien el fiscal solicita 27 años de prisión, aseguraron no haber participado en el secuestro en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Nacional. Silva Sande, que durante años fue el grapo más buscado, negó incluso haber pertenecido a la banda o haber dirigido su comando central. A pesar de haber sido expulsado de la organización terrorista, el histórico activista no quiso delatar a sus ex compañeros y, sólo con monosílabos, exculpó a Camarada Arenas y a Llaquet de haber ordenado el secuestro, en una reunión celebrada en París en mayo o junio de 1995, para sanear la maltrecha economía del clandestino PCE-r.

El terrorista, que insistió en que no participó en el rapto del empresario de Previasa, dijo que las declaraciones policiales en las que se autoinculpó de la acción fueron para «descartar a otra gente» y encubrirles. El líder del PCE-r, por su parte, se esmeró en desvincular a su partido de los Grapo. Aunque reconoció que existe «una relación» que nunca se ha ocultado entre la formación clandestina y la banda terrorista, señaló que esta última es autónoma. «Ni orgánica ni políticamente hemos intervenido nunca en las decisiones militares o políticas de los Grapo», explicó Manuel Pérez, que calificó a la banda de «grupo guerrillero».

Dinero del rescate

Camarada Arenas dijo no haber conocido a los terroristas ya condenados por el secuestro (Enrique Cuadra, Concepción González y José Ortín) y, por supuesto, negó haberles ordenado la acción. Tampoco admitió que parte de los 400 millones de pesetas que la familia Cordón pagó por el rescate terminaron en su poder. «Nosotros recibimos dinero de personas anónimas pero no miramos el color de ese dinero, somos como la Iglesia», se mofó, antes de ser expulsado por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, por hacer proclamas propagandísticas.

Su pareja sentimental y dirigente del PCE-r, Isabel Llaquet, negó de manera tajante haber participado nunca en una reunión con los Grapo. «Ni yo ni ningún miembro del partido ha participado nunca en acciones armadas», recalcó. Durante la sesión de ayer comparecieron como testigos Cuadra, González y Ortín, quienes tampoco aportaron nada nuevo. Cuadra se limitó a señalar que la decisión del secuestro no fue del PCE-r sino del «comando central» de los Grapo. Ortín se negó a contestar cualquier pregunta mientras que González se refugió en una pasajera amnesia.