Aunque los expertos son optimistas por el aumento progresivo de comunidades que financian programas, sus cuantías son irrisorias si se comparan con los datos anteriores. A punto de cumplirse dos años del 'antes y el después' de la lucha legal contra el consumo, siete comunidades financian programas de deshabituación (Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja) Cataluña, Navarra y Galicia), otras cuatro están en proceso (Aragón, Valencia, Murcia y Baleares) y sólo cuatro no ofrecen aún terapias públicas (Asturias, Cantabria, País Vasco, Extremadura y Castilla y León).

Precisamente, la región perdió 849.280 euros de los 14 millones que el Estado repartió entre las todas las comunidades para nuevos planes. El Gobierno -que ha recurrido el decreto con el que la Junta regulaba la materia- no la ha incluido entre las comunidades que recibirán fondos para poner en marcha políticas de prevención y cohesión del sistema sanitario en el ámbito del tabaquismo.