El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y sus homólogos de cinco autonomías han subrayado ayer la necesidad de abordar los casos de acoso escolar en el ámbito de lo privado sin darles publicidad, ante el convencimiento de que es contraproducente generar un clima de alarma social que creen, además, infundado.

Los titulares de la institución del Defensor de Pueblo de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Andalucía y La Rioja, además de Enrique Múgica, han abordado en Barcelona la problemática de la violencia en las aulas en una sesión de trabajo en el marco de la celebración de unas Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. En este encuentro de carácter nacional participó como oyente el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, acompañado de Miguel Lobato, secretario general de la Institución, Baltasar Tomás, asesor de Educación, la adjunta jefe Teresa Cuena y la asesora jefe Beatriz Fidalgo.

El análisis de las estrategias para luchar contra el fenómeno del acoso escolar ha entrado en la agenda de estas jornadas, que se celebran anualmente desde hace 22 años, ante la evidencia de que cada vez llegan más quejas sobre ello a las oficinas del Defensor del Pueblo y de sus homólogos, y la constatación de que crece también la preocupación de los docentes por esta cuestión.

La Defensora del Pueblo de La Rioja, María Bueyo, que ha presentado la mesa redonda, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que ella y sus homólogos han constatado que los casos de acoso escolar en España son «un tema puntual», que no existe, por tanto, «ninguna guerra en las aulas», y que no se debe generar alarma social sobre esta cuestión. Entre las recomendaciones que estas instituciones, de manera individualizada, han hecho llegar a sus respectivas comunidades destacan algunas dirigidas a la administración, como pueden ser la creación de vías directas de petición de ayuda, consulta o denuncia, la creación de equipos especializados de convivencia escolar o establecer procedimientos sancionadores más simples.

En Castilla y León, el Procurador del Común recibió cinco quejas por agresión en las aulas el año pasado. Tres de ellas fueron archivadas y dos -una alumna de 17 años que sufrió agresiones físicas, insultos y amenazas en un instituto de Segovia y un alumno de Secundaria de Ávila que fue agredido- motivaron un resolución dirigida a la Junta.