Batasuna reunió este sábado en un salón de actos de San Sebastián al grueso de sus dirigentes en libertad para decirle al Gobierno que considera «una declaración de guerra» la redada que el jueves pasado condujo a los calabozos a 23 de sus principales líderes cuando discutían de forma clandestina la reorganización del partido ilegal en Segura (Guipúzcoa).

La coalición proscrita, con Pernando Barrena a la cabeza, elevó al máximo la presión sobre el Ejecutivo y sobre la Audiencia Nacional 24 horas antes de que el juez Baltasar Garzón comience a interrogar a los miembros de la Mesa Nacional detenidos. El magistrado, con el apoyo de la Fiscalía, decretará muy probablemente el encarcelamiento de los principales arrestados por violar la suspensión de actividades de Batasuna y tratar de recomponer el «frente institucional» de ETA tras la ruptura de la tregua.

Mientras 80 responsables históricos de la izquierda 'abertzale' calentaban el ambiente desde el micrófono de San Sebastián, en una comparecencia en la que no permitieron preguntas de los periodistas, los grupos de radicales incendiaban en paralelo las calles del País Vasco y Navarra con un recrudecimiento de la violencia callejera.

Barrena aseguró que, pese a las detenciones, su grupo no dará «ni un paso atrás», y leyó un comunicado en el que indicó que «23 militantes de la izquierda 'abertzale' han sido secuestrados» por el Gobierno, que ha dado una respuesta «directa y cruda» a la oferta de negociación de Batasuna: «Constitución española y represión».

Llamamiento al PNV

El portavoz de la formación ilegalizada afirmó que, con el fin de «imponer» la Carta Magna, el Ejecutivo «se vale de la estrategia de guerra», apuesta por «perpetuar el conflicto político vasco» y «quiere cerrar las puertas a la independencia de este pueblo». Barrena, antes de entonar con todos los presentes el 'Eusko Gudariak', señaló que el PNV se encuentra «en la misma apuesta» que José Luis Rodríguez Zapatero, y concluyó que este «es el momento de sumarse a la lucha por la independencia».

Barrena, como Marije Fullaondo y Karmele Aierbe, también presentes en la rueda de prensa, no cayó en la redada de la Audiencia Nacional porque el jueves pasado, por razones que se desconocen, no se encontraba en el cónclave de Segura pese a formar parte de la Mesa Nacional prohibida. En el grupo de 80 dirigentes, que se cuidó mucho de exhibir logotipos o símbolos de Batasuna para evitar nuevos arrestos, estaban líderes históricos como Tasio Erkizia y Anton Morcillo, así como el secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga.

Análisis documental

Al tiempo que los restos de Batasuna salían a la palestra, llegaban a los calabozos de la Comisaría General de Información en Madrid los últimos detenidos en la redada, que fueron trasladados desde San Sebastián de forma escalonada entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Mientras parte de los expertos antiterroristas interrogaban a los líderes de Batasuna, otro equipo terminaba el informe para Garzón con el análisis preliminar de los miles de documentos y soportes informáticos requisados a los arrestados en el lugar de la asamblea, sus domicilios y en la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en San Sebastián.

La investigación indica que el partido ilegal seguía funcionando pese a la prohibición y que su dirección estaba en un proceso de reorganización y de elaboración de nuevas estrategias para apoyar a ETA en su vuelta a los atentados, la extorsión y los asesinatos.

Los expertos también han entregado al juez y a la Fiscalía un informe sobre Egoitz Apaolaza, detenido en la reunión de Segura y candidato número cuatro en la lista municipal de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en este pueblo guipuzcoano, proscrita por el Tribunal Supremo en los comicios de mayo pasado.

Estrategias comunes

El informe señala la existencia de numerosos documentos en poder de jefes de Batasuna en los que se hace referencia al trabajo de ANV y PCTV, y en los que se habla de estrategias comunes con estos grupos. Estos elementos pasarán a engrosar la lista de evidencias que acumula la Audiencia Nacional para tratar de demostrar la connivencia de ANV y el PCTV con el partido ilegalizado, punto que si termina por demostrarse puede suponer la suspensión judicial de las actividades de ambas formaciones en los próximos meses.

Baltasar Garzón tiene previsto comenzar hoy los interrogatorios a los 23 detenidos, sobre las diez de la mañana. Después, tras escuchar en una 'vistilla' al fiscal y a la defensa, deberá decidir si los envía a prisión o los deja en libertad provisional o bajo fianza. Entre los sospechosos figuran 17 miembros de la Mesa Nacional que fue elegida en la clandestinidad en el año 2006.