
En el primer expediente, una profesora de un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de León -cuya identidad no está sometida a información pública- había sido presuntamente agredida por un alumno, por lo que denunció el supuesto abuso ante el Procurador del Común.
El escolar recibió la «oportuna corrección» en el ámbito educativo tras la tramitación de un expediente corrector, según el informe del Procurador del Común.
La profesora interpuso una denuncia y se personó en el procedimiento como acusación particular para que se depuraran las responsabilidades de tipo penal. Las actuaciones judiciales incoadas se archivaron.
En cualquier caso, el archivo o impulso de un procedimiento judicial relativo a la responsabilidad penal del menor «no dependía de que la dirección del centro o las autoridades educativas no hubieran acompañado a la profesora agredida a denunciar los hechos ante la Policía ni de que no le hubieran ofrecido un letrado para su defensa», explica el informe, por lo que no se admitió a trámite la queja que quedó archivada al comprobar que la Administración educativa no había cometido la irregularidad que se le atribuía.
Un maestro, el agresor
El Procurador del Común investigó un supuesto caso de violencia escolar en el que los alumnos de Primaria de un centro en Salamanca manifestaron que un profesor les maltrataba.
Las madres de los alumnos fueron recibidas por el Director de Educación de Salamanca. Tras la reunión, y después de que el profesor presentara alegaciones ante el Inspector de Educación, se acordó nombrar a un profesional más para atender al 2º Ciclo de Educación Primaria del colegio. Según informó la directora del centro a la Inspección de Educación, las madres retiraron la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil.
El Procurador del Común consideró que había quedado solucionado el problema y archivó el caso.





