El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Salamanca ha confirmado la prescripción de una deuda de edificabilidad contraída por el constructor Mario Curto con el Ayuntamiento de Salamanca por una promoción de viviendas en la capital salmantina en la que se excedió en 2.011 metros cuadrados de edificabilidad. La sentencia, emitida la pasada semana, reconoce que la multa ya había prescrito cuando el consistorio inició la reclamación.

El planeamiento urbanístico de Salamanca permitía aumentar la edificabilidad de los solares transfiriéndola desde otros terrenos. El constructor recurrió a este mecanismo para solicitar la licencia de construcción incluyendo los 2.000 metros cuadrados de más, aunque nunca llegó a pagar la deuda.

El Ayuntamiento de Salamanca concedió la licencia y tardó nueve años en abrir un expediente sancionador contra el constructor, cuando este tipo de infracciones urbanísticas, con la consideración de graves, prescriben en un plazo de cuatro años.

De hecho, según consta en la sentencia emitida en el juzgado salmantino dando la razón al constructor sobre la caducidad de la multa, la única comunicación que el consistorio dirigió a la empresa promotora propiedad de Mario Curto se produjo en el año 2001. En ese momento, finalizado el edificio residencial, Curto solicitó la licencia de primera ocupación y le fue negada señalando que no se había realizado de forma efectiva la transferencia de edificabilidad por los 2.000 metros cuadrados.

La nueva Ley del Suelo de Castilla y León y el nuevo planeamiento urbanístico de Salamanca dejaron sin efecto las transferencias de edificabilidad, motivo por el que el Ayuntamiento anunció la apertura de expedientes sancionadores en metálico para los constructores que adeudasen aún suelo al patrimonio municipal tras haber hecho uso de suelo extra para sus promociones.

Expediente

Entre los constructores a los que se abrió expediente figura Mario Curto, al que se impuso una multa de 1,1 millones de euros por el precio de los 2.011 metros cuadrados en el año 2005. Según la ley, el plazo máximo que debe transcurrir entre la apertura y el cierre de un expediente es de seis meses. Sin embargo, el promotor recibió el expediente sancionador exactamente seis meses y un día después de su apertura, cuando ya había caducado de pleno derecho. Tras el contencioso iniciado contra este expediente, el juzgado ha certificado que efectivamente el Ayuntamiento ya no puede cobrar la multa de 1,1 millones de euros al haber prescrito y acusa al consistorio de haber actuado con «dejadez».

Se da la circunstancia de que Mario Curto también es el accionista mayoritario de la sociedad Gran Monterrey, promotora de un polémico proyecto de viviendas de lujo en el solar del antiguo Gran Hotel, situado junto a la Plaza Mayor. La concesión de licencia para esta promoción, que llevó aparejado el derribo del emblemático edificio, provocó en el año 2005 la dimisión del entonces concejal de Patrimonio, Francisco Morales.

En aquel momento, el Partido Socialista denunció que el alcalde Julián Lanzarote había actuado «favoreciendo a un amigo» y desveló que el propio alcalde de la ciudad había veraneado en varias ocasiones con su familia en un chalet propiedad del constructor en Marbella.