HACE algunos meses, cuando el nacionalista Paulino Rivero aún no era presidente de Canarias, azuzó a los parlamentarios castellanos y leoneses y, en menor medida, a los castellano-manchegos, para que exigieran más celeridad en la tramitación y aprobación de sus respectivos estatutos. En las hemerotecas de los periódicos podrán verse sus declaraciones en ese sentido. Naturalmente, el interés del entonces portavoz en el Congreso del grupo parlamentario canario no era lograr el buen fin de aquellos textos, tan lejanos para él en todos los sentidos, sino el del suyo propio, el de Canarias, que veía en globo tras interminables sesiones negociadoras y la ausencia de consenso. Según sus astutos cálculos, las prisas inducidas a los castellanos deberían empujar al texto canario, el primero de la cola, y llegar a tiempo tras las laboriosas reformas de los de Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Aragón. Lo cierto es que a estas alturas, con las elecciones generales tan cercanas, resultará prácticamente imposible que puedan aprobarse los tres estatutos que se encuentran en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados: el canario, el castellano y leonés y el castellano-manchego. Y lo de menos es ya el orden. No hay tiempo más que para uno. De ahí las prisas de Paulino Rivero, consciente de que un texto de máximos, consensuado entonces con el PSOE y calificado por los populares (sus actuales socios en el Gobierno), como «nacional-socialista», sólo podría salir en esta legislatura, porque a la siguiente, fuera quien fuese quien llegara a La Moncloa, se cerraría el grifo de las reformas.

Con perspectiva suficiente, bien pudiera decirse ya que Zapatero no ha acertado en su bien humorado intento de ordenar las aspiraciones territoriales. Sin entrar en las sobreactuadas descalificaciones de Acebes y compañía, que imputan al presidente haber conducido el proceso de reformas estatutarias 'a tontas y a locas', sí cabe achacarse a Zapatero la ausencia de un modelo territorial al que atenerse. Y de haber confundido el inexistente diseño común de las reformas con el método para alcanzarlas, como pudo juzgarse con el gran fiasco del Estatuto Catalán, que no ha contentado a nadie.

Ahora, el Gobierno de Juan José Herrera ha reaccionado con enfado ante la posibilidad de que el Estatuto de Castilla y León no se apruebe en esta legislatura. Y sus portavoces han aprovechado la oportunidad para fustigar a los socialistas acusándoles de descoordinación y desinterés. Herrera, por su parte, ha pedido diligencia en el Congreso a los suyos. Especialmente a Jesús Merino y Soraya Sáenz de Santamaría. Pero lo que queda de periodo de sesiones no da para mucho.

De todas formas, el tiempo empleado puede variar en función de las circunstancias. Bien distintas en un caso que en otro. Mientras que el Estatuto de Castilla y León llega bien aseado y sin mácula alguna de presunta inconstitucionalidad, el canario no goza del mismo consenso (ahora son los socialistas quienes lo rechazan) y contiene sonadas coincidencias con el de Cataluña en lo que respecta a Justicia, Hacienda, gestión de puertos y aeropuertos, por no hablar de las demandas sobre el mar territorial.

Tal y como está redactado el nuevo Estatuto de Castilla y León, su aprobación en las Cortes generales sería un puro trámite. Y de esa circunstancia tendría que sacar partido Herrera. En realidad, no pasaría nada si finalmente no se aprueba el Estatuto en los próximos meses. Desde luego, el nuevo texto, consensuado con Villalba, es mucho más bonito y hasta más extenso que el anterior. Pero, como no podría ser de otra forma, contiene escasa sustancia. Aunque Herrera cometa la travesura de decir que los castellanos y leoneses serán «más soberanos», lo cierto es que se trata de un texto leal y correcto desde el punto de vista constitucional.

No pasaría nada si no se aprueba el Estatuto de Castilla y León, pero, en dirección contraria, tampoco si se aprueba. Y de esa notoria inocuidad debería sacar fortaleza Juan Vicente Herrera para conseguir su aprobación. De modo que, aunque no sea más que por una cuestión de autoestima colectiva, Herrera también podría mover su palanca con astucia, haciendo valer, en contraposición al problemático estatuto que le precede, la facilidad de la tramitación, el amplio grado de consenso alcanzado y la indudable constitucionalidad de su texto. Razones de sobra para que corra la vez en el Congreso de los Diputados. Y aún le queda a Herrera otro argumento, el de que Zapatero desmienta con hechos su desapego por Castilla y León.